24 de marzo

Se avecina un nuevo aniversario del 24 de marzo, y como todos los años, y a pesar de los feriados puentes que ponen la cabeza más en una escapada que otra cosa, nos preguntamos qué es lo que se conmemora. Durante la dictadura, festejaban un año más de violación a la Constitución y cuando terminó era un día que condensaba el más profundo dolor. Con el tiempo ese mismo dolor se fue transformando en un día que hicimos propio, donde la bandera del Juicio y Castigo, con las Madres y Abuelas a la cabeza, se puso a la ofensiva contra un aparato político que parecía (sobre todo desde el final de la década del 80) decididamente encaminado a garantizar la impunidad. Recién a partir del 2003 este aparato comenzó a resquebrajarse, cuando el reclamo político histórico, producto de una pelea que empezó en la misma dictadura, es receptada por los fallos de la Corte y por la Ley de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. De este modo se termina con el esquema jurídico montado hacia finales de la década del ochenta para garantizar la impunidad y poner un manto de silencio sobre las atrocidades cometidas.
En el año 2006, se declaró por Ley el 24 de marzo como el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Pero, ¿qué significa “día de la memoria”? ¿No deberíamos recordar estas atrocidades todos los días? ¿O vivir recordando implica no poder mirar hacia adelante? Existen muchas teorías sobre cómo debería jugar la memoria en relación a estos sucesos.
El reconocimiento al día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue la culminación de diversas políticas de Estado que se dieron con anterioridad. El 25 de marzo de 1998 se sancionó la derogación (Ley N° 24.952) de las leyes de obediencia debida y punto final; el 21 de agosto de 2003 se declararon nulas (Ley N° 25.779). Ambas leyes fueron producto de una discusión jurídica llena de contenido político que mostraba el interés de una sociedad que exigía la investigación por parte del Estado de lo sucedido durante los años de plomo. La última de estas dos leyes dio el puntapié inicial para reabrir esas causas que ya estaban llenas de polvo en el subsuelo del Palacio de Justicia, y para abrir esas nuevas que por falta de pruebas no se habían empezado antes.
Con el pasar de los años, el reclamo de la sociedad argentina por una revisión de la historia se hizo cada vez más fuerte. Si bien el abordaje del reclamo no se debe limitar únicamente a lo jurídico, el Poder Judicial juega un rol fundamental en la satisfacción de la demanda popular de justicia y de revisión de la historia que la dictadura nos quiso contar, y que el aparato político que la sucedió no tuvo empacho en repetir.
Hoy vemos que como conjunto podemos luchar por la verdad y exigimos que se cuenten las cosas como son, revisando esa historia que quiso pasar por alto a los 30 mil compañeros desaparecidos, los 150 mil presos y los miles de exiliados.
Junto al proceso que se inició con el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955, o más bien tres meses antes con el bombardeo a la Plaza de Mayo, comenzó un proceso desde el Estado para intentar alejar a la gente de la vida política. Ya fuera a través del miedo, del miedo a la muerte o a las torturas, desde la falta de transparencia de los mecanismos y funcionamiento estatales, la persecución ideológica y la estimulación de la conciencia individual, el objetivo era uno: romper los lazos de solidaridad social, el mensaje de “no te metás”.
En los últimos años hemos conseguido repetidas condenas a cadena perpetua a personajes como Menéndez, Videla, el Turco Julián o Von Wernich. Hemos combatido contra los privilegios carcelarios de los genocidas y hemos visto y escuchado atrocidades destinadas a ocultar la verdad y parar los juicios, como fueron la sorpresiva muerte de Febrés o la desaparición de Julio López.
Pero este proceso por la verdad sigue teñido de intereses políticos [reaccionarios], por esto creemos que un abordaje que se limite a lo jurídico, queda pobre. Lo jurídico es una herramienta que tiene la política para reescribir la historia. Creemos que tenemos que seguir luchando, incomodar a los centros de poder que por intereses individuales o económicos intentan día a día seguir ocultando la verdad. Es nuestro deber continuar la pelea por saber la verdad, y que de este proceso resulte el compromiso de toda la sociedad para que estas atrocidades no vuelvan a suceder.
Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández tuvieron la atinada política de reconstruir la historia para planificar otro futuro. La nulidad de las leyes, el mayor presupuesto y apoyo al Cuerpo de Antropólogos Forenses, la creación de Secretarías dedicadas a la investigación de estos temas, son aportes que se hicieron desde el Estado Nacional para contribuir a la lucha histórica de los organismos, Madres, Abuelas, HIJOS, Familiares, etc., para no olvidar y reivindicar las voces que los genocidas intentaron acallar. Nosotros no miramos para atrás para paralizarnos en el pasado, buscamos aprender para seguir construyendo sobre los logros de nuestros compañeros.
Por todo esto es que creemos que este día es para juntarnos y recordar, para poder juntos pensar y transitar el futuro. Elegimos este día porque es el día que ellos elegían para festejar y no queremos que eso siga pasando, elegimos este día porque es el aniversario del último golpe de Estado. Pero también el resto del año luchamos para que no se olvide, luchamos todos por la verdad y la justicia.

Juicio oral por torturas en la cárcel de Devoto

El próximo 30 de Marzo y 4 de Abril de 2011 tendrá lugar el juicio oral por hechos de tortura llevados a cabo en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Unidad 2 de Devoto).

En dicho debate se procesará a los agentes del Servicio Penitenciario Federal Maximiliano Carlos Barresi y Néstor Iñiguez por los hechos de la madrugada del 3 de julio de 2007, día en el que un grupo de detenidos ingresó a la unidad mencionada.

En dicha ocasión, fueron sometidos a una “Bienvenida”, práctica habitual por parte de los penitenciarios al momento en que una persona privada de la libertad ingresa a una cárcel.

La referida práctica consiste en una serie de golpes, patadas y diversos tratos humillantes, que configuran el delito de tortura.

Las secuelas físicas de las víctimas de este caso fueron comprobadas mediante informes médicos, fotografías y otras constancias que constan en la causa.

También se recogieron testimonios concordantes que resaltan el carácter habitual y sistemático del castigo asestado por el grupo de agentes que llevó a cabo el procedimiento de requisa a los recién llegados: