CAMPAñA PARA QUE LOS EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PUEDAN SUFRAGAR EN LA CIUDAD

Los inmigrantes quieren votar

Agrupaciones de residentes extranjeros y organizaciones políticas y de derechos humanos se movilizan desde hoy para que la Ciudad cumpla con un mandato de su Constitución: el empadronamiento de los inmigrantes con residencia.

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 Por Pedro Lipcovich

Diversas agrupaciones de residentes extranjeros, apoyadas por organizaciones políticas y de derechos humanos, se movilizan desde hoy para que la Ciudad de Buenos Aires cumpla con un desatendido mandato de su propia Constitución: propiciar que los residentes extranjeros puedan votar para elegir autoridades locales. Una ley del año 2000, si bien requiere que estos vecinos se inscriban en padrones especiales –en vez de quedar inscriptos automáticamente, como los demás–, por lo menos permite que se inscriban en cualquier registro civil y en CGP y centros comunitarios. Pero esto no se cumplió nunca: para empadronarse deben ir al Superior Tribunal de Justicia. Esto, y la falta de campañas de información, llevan a que poco más de 11.000 extranjeros estén empadronados, sobre un total que se acerca a 350.000, o sea el 10 por ciento de la población de la ciudad. “Al no ser votantes, los políticos no se ocupan de ellos”, observó un investigador de la Universidad de Lanús. La vigencia del problema se acentúa con la próxima elección de juntas comunales: “Es esencial que los residentes puedan intervenir en la gestión de lo que les concierne en forma inmediata”, destacó un representante del CELS.

La campaña “Aquí vivo, aquí voto” impulsa “una reforma legislativa para garantizar el empadronamiento automático” y “una reforma de la Ley de Comunas para que los extranjeros puedan, también, ser elegidos”. Para el miércoles 13, convocan a un “empadronamiento masivo”, desde las 9 de la mañana, en Cerrito 760. Según advirtió Natalia Belmont –representante de la Corriente Política 17 de Agosto–, “presentaremos también un amparo judicial para obligar al Ejecutivo de la Ciudad a dar la debida difusión y a habilitar los registros civiles como sedes de empadronamiento; también impulsamos una sumatoria de firmas con estos pedidos”.
Entretanto, “en las próximas elecciones para las comunas, la mayoría de nosotros no podrá participar, y ninguno podrá ser elegido”, deploró Lilian Camacho, integrante de la Red Comunicacional Boliviana en la Argentina, y dio un ejemplo: “Se habla del hacinamiento de personas bolivianas que viven en talleres clandestinos de costura, pero se omite la relación con los conflictos habitacionales del sur: es más caro alquilar en Floresta que en Recoleta, lo cual no es ajeno a la competencia de las comunas”.
Es que, como señaló Pablo Ceriani –coordinador del Programa Migración y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús–, “como estas personas no votan, los actores políticos les prestan muy poca atención, lo cual incrementa su grado de exclusión social. ¿Qué clase de democracia es ésta donde el diez por ciento de la población en condiciones de votar no participa?”.
La Constitución porteña otorga derecho al voto en las elecciones locales a los extranjeros con residencia permanente en la ciudad. La ley 334, de 2000, dispone un padrón separado para extranjeros; poco después, una acordada del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad ordenó al gobierno porteño admitir la inscripción en todos los registros civiles y eventualmente en organismos como los CGP y las sedes de colectividades extranjeras, a donde los residentes suelen acudir. Pero ningún gobierno cumplió. “Tampoco se efectuaron las campañas de difusión e información que hubieran sido indispensables”, observó Diego Morales, director de programa del CELS. Hasta la fecha, el único lugar de inscripción es la sede del Superior Tribunal de Justicia, en Cerrito 760. En estos años sólo se empadronaron 11.807 personas.
El objetivo de máxima de la campaña “Aquí vivo, aquí voto” es que el empadronamiento sea automático –como para los demás ciudadanos– y que los extranjeros también sean habilitados para ejercer cargos en las juntas comunales. El derecho al voto en elecciones locales para residentes extranjeros existe también en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Santa Fe y otras localidades; al igual que en la ciudad de Buenos Aires, se requiere su inscripción en un padrón especial. Ceriani comentó que “países europeos como Bélgica y los escandinavos ya reconocieron el derecho a elegir y ser elegidos en los niveles locales, sin padrón separado”. Según subrayó Morales, “la importancia de que los residentes puedan decidir en aspectos de gestión que les conciernen se acrecienta a partir de la organización en comunas: por ejemplo, el Parque Indoamericano quedará bajo jurisdicción de una comuna”.
En la movida que se inicia hoy participan también la Asociación Civil Federativa Boliviana, Buenos Aires para Todos, la Casa Peruana, la Asociación Dominicanos en Argentina y decenas de entidades más. Hoy habrá mesas de difusión en Cosquín y Rivadavia, barrio de Liniers; Iguazú 1560, Barracas; Corrientes 2465, Once; Bonorino y Castañares, Bajo Flores, así como en la Villa 31 y otros barrios.

Respuesta del INADI a la denuncia de 14bis

Ante la denuncia que realizamos el año pasado desde la secretaria de dd.hh a Rodriguez Larreta por sus declaraciones racistas, recibimos una interesante respuesta del INADI. Los invitamos a leer el texto completo del fallo o las conclusiones del mismo que adjuntamos a continuación:

Xenofobia en el diario La Nación

Adjuntamos una nota de opinión en respuesta a la editorial del diario La Nación, Sin política inmigratoria, publicada el día 12 de marzo de 2011. La nota fue elaborada por Pablo Ceriani, Coordinador del Programa Migración y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), con la colaboración de los/as demás integrantes del equipo de trabajo del Centro.

 

Clik aquí para ver la nota

 

Megamineria y Derecho

Este viernes en el aula 1 de extensión de la facultad,

Disertarán:
-Selene Herrera:
Abogada de Asamblea el Algarrobo, Andalgalá, Catamarca.
-Horacio Machado Araóz:
Docente de la Universidad Nacional de Catamarca. Becario de investigación en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

EL CIRCUITO DE BANCOS INTERNACIONALES QUE BLANQUEA LAS FORTUNAS DE LOS TIRANOS

La ruta del dinero

Es un crimen de cuello blanco de lesa humanidad, ya que sin la complicidad financiera las dictaduras no podrían sostenerse. Los miles de millones que se roban cada año de los países más pobres siempre siguen el mismo camino, que lleva a los mayores bancos de las democracias occidentales.

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Por Eduardo Febbro

Desde París

Un crimen contra la humanidad. Silencioso, sin violencia aparente. Una espantosa empresa de expoliación de los recursos de los pueblos llevada a cabo con la inacabable complicidad del sistema bancario mundial. Las fortunas de los dictadores duermen en los bancos occidentales el fructuoso sueño de los beneficios mientras decenas de miles de personas se mueren de hambre o sin medios para pagar un tratamiento contra el sida.

Jean Claude Duvalier en Haití, Ben Alí en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto, Joseph Mobutu en el Zaire (hoy República Democrática del Congo), Sanu Abacha en Nigeria, Omar Bongo en Gabón, Manuel Noriega en Panamá, Mu-ssa Traoré en Malí, Augusto Pinochet en Chile, Muammar Khadafi en Libia, Ferdinando Marcos en Filipinas y Sassu N’Guesso en Congo Brazaville, las fortunas de estos tiranos diplomados depositadas en los bancos internacionales o transformadas en fabulosas inversiones inmobiliarias en Londres, París, Nueva York o Dubai sobrepasan la imaginación.

Hace unos días, la Unión Europea decidió congelar los haberes del fondo soberano libio, el Libyan Investment Authority, LIA, y del banco central libio. Ambos depósitos representan 150 mil millones de dólares. Colosal. La revista de gestión de activos My Private Banking calcula que 33 por ciento de las fortunas de Africa y de Medio Oriente depositadas en el extranjero están en los bancos suizos, lo que representa 74 mil millones de dólares. Cada año, entre 20 mil y 40 mil millones de dólares salen ilegalmente de los países en vías de desarrollo. En los últimos 15 años sólo 5 mil millones fueron restituidos. Suiza maneja el 30 por ciento de los haberes offshore del mundo y Londres una cuarta parte.

Los déspotas o políticos corruptos que llevan la plata al exterior tienen un nombre específico en el lenguaje bancario: Politically exposed individuals. Ello no les impide, sin embargo, la posibilidad de colocar su dinero donde se les antoje. Los hay de todos los colores. Los muy eficaces y discretos “shadow banking” (bancos de la sombra) se encargan de reciclar el dinero manchado de sangre. La prensa inglesa calculó que la fortuna del clan Mubarak asciende a cerca de 70.000 millones de dólares. El dictador tunecino ha sido mucho más modesto en la expoliación de su pueblo, con una fortuna de 5000 millones de dólares, prácticamente la mitad de lo robado por el déspota Ferdinando Marcos en Filipinas durante el cuarto de siglo en el que martirizó a su país, unos 10 mil millones. Ante estos tres, el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, parece un pobretón con sus 200 millones de dólares transferidos a Suiza. Y el pobre Augusto Pinochet y sus 20 millones de dólares robados se asemeja a un triste mendigo de barrio rico. Los había depositado en el Riggs Bank de Estados Unidos y, desde luego, en paraísos fiscales.

El ex presidente de Gabón Omar Bongo tiene 39 propiedades en Francia, 70 cuentas bancarias y 9 autos de lujo. Sassu N’Guesso cuenta con 18 propiedades y 112 cuentas bancarias abiertas en Francia. Al cabo de interminables procesos judiciales, la Justicia francesa aceptó que se abriera una investigación sobre esos “bienes mal adquiridos”. El sociólogo y político suizo Jean Zigler, hoy vicepresidente del Consejo de Derechos humanos de la ONU, calcula que “de los 905 mil millones de haberes extranjeros en Suiza, 280 mil millones provienen de los países de Asia, América latina y Africa. En el 90 por ciento de los casos, se trata de plata robada a los pueblos más pobres del planeta”.

Los inescrupulosos Joseph Mobutu de Zaire, Sanu Abacha de Nigeria, Omar Bongo de Gabón y Mussa Traoré de Malí son un ejemplo ilustrado del análisis de Jean Zigler. Al cabo de cinco años de un poder despótico, el nigeriano Abacha aspiró 2200 millones de dólares de las cajas del Estado. El maliense Traoré tenía 2400 millones de dólares en Suiza y Mónaco. La Confederación Helvética identificó 3400 millones de dólares pertenecientes al ex presidente del Zaire Joseph Mobutu –34 años en el poder– y esa suma no es más que una fracción de los 10 mil millones que se llevó. Un informe del Banco Mundial calculó moderadamente que los fondos robados cada año por los dictadores a sus pueblos oscilan entre 20 mil y 40 mil millones de dólares. La sed de esos asesinos de sus propias sociedades con la complicidad del sistema bancario internacional no tiene límites. La impunidad y la connivencia de Occidente son perfectamente asimilables a crímenes contra la humanidad cuando se sabe que apenas 100 millones de dólares permiten tratar durante un año a 600 mil personas enfermas de sida. Y, sin embargo, en el seno del famoso y moralizador G-20, países como Alemania y Japón todavía no ratificaron la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Cnucc, la Convención de Mérida, como lo hizo Argentina en 2006.

Las rutas de esa expoliación son conocidas por todos: Londres, Luxemburgo, Suiza, Bélgica, Mónaco, las islas anglonormandas o las islas Caimán. El dispositivo Stolen Assets Recovery que la ONU y el Banco Mundial emplean para combatir la corrupción choca a menudo con las argucias legales. El Stolen Assets Recovery colaboró con el Estado haitiano en el procedimiento legal con vistas a la restitución de 7 millones de dólares de la familia del dictador Jean-Claude Duvalier congelados en Suiza. El Estado suizo se prestó al juego pero, luego, la Corte Suprema helvética anuló la querella.

24 de marzo

Se avecina un nuevo aniversario del 24 de marzo, y como todos los años, y a pesar de los feriados puentes que ponen la cabeza más en una escapada que otra cosa, nos preguntamos qué es lo que se conmemora. Durante la dictadura, festejaban un año más de violación a la Constitución y cuando terminó era un día que condensaba el más profundo dolor. Con el tiempo ese mismo dolor se fue transformando en un día que hicimos propio, donde la bandera del Juicio y Castigo, con las Madres y Abuelas a la cabeza, se puso a la ofensiva contra un aparato político que parecía (sobre todo desde el final de la década del 80) decididamente encaminado a garantizar la impunidad. Recién a partir del 2003 este aparato comenzó a resquebrajarse, cuando el reclamo político histórico, producto de una pelea que empezó en la misma dictadura, es receptada por los fallos de la Corte y por la Ley de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. De este modo se termina con el esquema jurídico montado hacia finales de la década del ochenta para garantizar la impunidad y poner un manto de silencio sobre las atrocidades cometidas.
En el año 2006, se declaró por Ley el 24 de marzo como el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Pero, ¿qué significa “día de la memoria”? ¿No deberíamos recordar estas atrocidades todos los días? ¿O vivir recordando implica no poder mirar hacia adelante? Existen muchas teorías sobre cómo debería jugar la memoria en relación a estos sucesos.
El reconocimiento al día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue la culminación de diversas políticas de Estado que se dieron con anterioridad. El 25 de marzo de 1998 se sancionó la derogación (Ley N° 24.952) de las leyes de obediencia debida y punto final; el 21 de agosto de 2003 se declararon nulas (Ley N° 25.779). Ambas leyes fueron producto de una discusión jurídica llena de contenido político que mostraba el interés de una sociedad que exigía la investigación por parte del Estado de lo sucedido durante los años de plomo. La última de estas dos leyes dio el puntapié inicial para reabrir esas causas que ya estaban llenas de polvo en el subsuelo del Palacio de Justicia, y para abrir esas nuevas que por falta de pruebas no se habían empezado antes.
Con el pasar de los años, el reclamo de la sociedad argentina por una revisión de la historia se hizo cada vez más fuerte. Si bien el abordaje del reclamo no se debe limitar únicamente a lo jurídico, el Poder Judicial juega un rol fundamental en la satisfacción de la demanda popular de justicia y de revisión de la historia que la dictadura nos quiso contar, y que el aparato político que la sucedió no tuvo empacho en repetir.
Hoy vemos que como conjunto podemos luchar por la verdad y exigimos que se cuenten las cosas como son, revisando esa historia que quiso pasar por alto a los 30 mil compañeros desaparecidos, los 150 mil presos y los miles de exiliados.
Junto al proceso que se inició con el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955, o más bien tres meses antes con el bombardeo a la Plaza de Mayo, comenzó un proceso desde el Estado para intentar alejar a la gente de la vida política. Ya fuera a través del miedo, del miedo a la muerte o a las torturas, desde la falta de transparencia de los mecanismos y funcionamiento estatales, la persecución ideológica y la estimulación de la conciencia individual, el objetivo era uno: romper los lazos de solidaridad social, el mensaje de “no te metás”.
En los últimos años hemos conseguido repetidas condenas a cadena perpetua a personajes como Menéndez, Videla, el Turco Julián o Von Wernich. Hemos combatido contra los privilegios carcelarios de los genocidas y hemos visto y escuchado atrocidades destinadas a ocultar la verdad y parar los juicios, como fueron la sorpresiva muerte de Febrés o la desaparición de Julio López.
Pero este proceso por la verdad sigue teñido de intereses políticos [reaccionarios], por esto creemos que un abordaje que se limite a lo jurídico, queda pobre. Lo jurídico es una herramienta que tiene la política para reescribir la historia. Creemos que tenemos que seguir luchando, incomodar a los centros de poder que por intereses individuales o económicos intentan día a día seguir ocultando la verdad. Es nuestro deber continuar la pelea por saber la verdad, y que de este proceso resulte el compromiso de toda la sociedad para que estas atrocidades no vuelvan a suceder.
Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández tuvieron la atinada política de reconstruir la historia para planificar otro futuro. La nulidad de las leyes, el mayor presupuesto y apoyo al Cuerpo de Antropólogos Forenses, la creación de Secretarías dedicadas a la investigación de estos temas, son aportes que se hicieron desde el Estado Nacional para contribuir a la lucha histórica de los organismos, Madres, Abuelas, HIJOS, Familiares, etc., para no olvidar y reivindicar las voces que los genocidas intentaron acallar. Nosotros no miramos para atrás para paralizarnos en el pasado, buscamos aprender para seguir construyendo sobre los logros de nuestros compañeros.
Por todo esto es que creemos que este día es para juntarnos y recordar, para poder juntos pensar y transitar el futuro. Elegimos este día porque es el día que ellos elegían para festejar y no queremos que eso siga pasando, elegimos este día porque es el aniversario del último golpe de Estado. Pero también el resto del año luchamos para que no se olvide, luchamos todos por la verdad y la justicia.

Juicio oral por torturas en la cárcel de Devoto

El próximo 30 de Marzo y 4 de Abril de 2011 tendrá lugar el juicio oral por hechos de tortura llevados a cabo en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Unidad 2 de Devoto).

En dicho debate se procesará a los agentes del Servicio Penitenciario Federal Maximiliano Carlos Barresi y Néstor Iñiguez por los hechos de la madrugada del 3 de julio de 2007, día en el que un grupo de detenidos ingresó a la unidad mencionada.

En dicha ocasión, fueron sometidos a una “Bienvenida”, práctica habitual por parte de los penitenciarios al momento en que una persona privada de la libertad ingresa a una cárcel.

La referida práctica consiste en una serie de golpes, patadas y diversos tratos humillantes, que configuran el delito de tortura.

Las secuelas físicas de las víctimas de este caso fueron comprobadas mediante informes médicos, fotografías y otras constancias que constan en la causa.

También se recogieron testimonios concordantes que resaltan el carácter habitual y sistemático del castigo asestado por el grupo de agentes que llevó a cabo el procedimiento de requisa a los recién llegados: